Un sacudón político azota el entorno más cercano del Poder Ejecutivo. A través de su cuenta oficial en la red X, el presidente de la República emitió una pública y severa desautorización contra la empresaria y dirigente cordobesa Margarita Rosa Andrade García, acusándola de presuntamente utilizar su histórica cercanía familiar para gestionar nombramientos en distintas dependencias del Estado.

Según lo manifestado por el jefe de Estado, Andrade —quien lo conoce desde la infancia— estaría presuntamente realizando llamadas a funcionarios en Córdoba para «intrigar» por puestos públicos, una práctica que el mandatario tildó de politiquera e incompatible con la línea de su administración. «Ningún familiar o amigo del suscrito tiene licencia para proceder de esta forma», aseveró de forma categórica el presidente, enviando un mensaje directo de cero tolerancia frente a eventuales actos de tráfico de influencias.

El pronunciamiento no tardó en generar un intenso choque de versiones. Fuentes del entorno familiar de la empresaria, encabezadas por su hermana María Milene Andrade, salieron al paso rechazando de manera enfática las afirmaciones presidenciales y señalando que tales imputaciones habrían afectado de forma grave la honra y el buen nombre de su familiar. Por su parte, la implicada publicó un enigmático mensaje reflexivo centrado en «el valor del silencio».

El caso coloca bajo la lupa de las autoridades los límites de las gestiones en el sector público y la transparencia en el nombramiento de cargos, en un momento donde la opinión pública exige máximo rigor procedimental. Hasta el momento, el asunto permanece en el terreno del cuestionamiento político y la indignación ciudadana, sin que se hayan formalizado fallos ni condenas judiciales al respecto.

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