Una verdadera batalla campal en la administración pública encendió las alarmas de los organismos de control. La actual directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, lanzó un contundente dardo al exdirector Felipe Harman al manifestar públicamente «Lo noto asustado», destapando una minuciosa auditoría sobre cerca de $7 billones de pesos ejecutados durante la administración saliente.

La controversia escaló tras revelar escandalosos datos presupuestales bajo revisión. Según la alta funcionaria, la gestión anterior habría suscrito cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios por un valor aproximado de $1,6 billones. A esto se suma el cuestionamiento a la compra de predios por cerca de un billón de pesos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), maniobra calificada de ineficiente al supuestamente «comprarle tierras al propio Estado» en vez de gestionar transferencias gratuitas.

El choque definitivo gira en torno a los resultados: mientras la anterior administración defendía su gestión, el actual equipo sostiene que solo se habrían alcanzado 99.477 hectáreas formalizadas para campesinos y comunidades étnicas, una cifra presuntamente distante de las metas iniciales. Por su parte, Harman ha salido a defender públicamente sus ejecuciones frente a estos señalamientos.

La entidad confirmó que adelanta una auditoría forense «predio por predio y contrato por contrato» para trasladar los hallazgos a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación. Corresponderá a los entes de investigación determinar si existieron irregularidades o si todo se ajustó a la norma.

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