De acuerdo con el comunicado oficial de la Contraloría General de la República, se determinó un hallazgo fiscal por COP 824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Según informó la entidad, esta decisión surge tras una auditoría al contrato de concesión 4G del corredor Chirajara-Fundadores, donde se constató que el nuevo viaducto, finalizado el 4 de febrero de 2024, no ha entrado en operación ni cuenta con recibo formal por parte de la ANI.

La parálisis de la infraestructura se debe a que no se han ejecutado las reparaciones necesarias en el túnel 13 y el puente Quebrada Seca. Según el laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023, la ANI asumió el riesgo de inestabilidad en el kilómetro 58 y tiene la obligación de intervenir dichas áreas. No obstante, la Contraloría señaló que “a la fecha continúa sin entrar en operación y sin cumplir la finalidad para la cual fue construido”. Por su parte, la ANI indicó que las obras están supeditadas a la disponibilidad presupuestal y a la definición de una alternativa técnica, sin establecer aún una fecha de inicio.

El hallazgo resalta que la falta de intervención en un tramo de 6,5 kilómetros mantiene inutilizable el viaducto y otras estructuras complementarias. Los costos estimados para las obras pendientes oscilan entre los 250.000 y 315.676 millones de pesos, de acuerdo con fuentes de Proindesa y la propia ANI. Se recomienda a la ciudadanía seguir los canales oficiales para conocer los avances en la gestión de este corredor vial.

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