Un dramático giro judicial tiene en la mira pública a Villavicencio y Medellín tras revelarse los detalles de una presunta red de trata de personas. Todo comenzó entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024, cuando cuatro mujeres —entre ellas varias menores de edad— habrían sido engañadas en la capital antioqueña con falsas promesas de empleo como meseras o modelos. Sin embargo, al arribar a la capital del Meta, la realidad que enfrentaron habría sido totalmente opuesta.

Según las pesquisas e interceptaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación, las víctimas habrían sido conducidas a un establecimiento nocturno donde presuntamente las obligaban a ejercer la prostitución hasta altas horas de la madrugada. La acusación sostiene que las jóvenes permanecían bajo estricta vigilancia mediante cámaras de seguridad y confinamiento, sin libertad para abandonar el lugar. La pesadilla comenzó a salir a la luz gracias a la tenacidad de la madre de una de las menores, quien rastreó en tiempo real la señal del teléfono móvil de su hija, clave fundamental que permitió a las autoridades ubicar la celda de red y coordinar el operativo de rescate.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito de trata de personas agravado a María Ofelia Ortiz Gil, conocida en el expediente como alias ‘Ivonne’ y señalada de fijar las tarifas y presuntamente administrar el recinto. Aunque la procesada no aceptó los cargos formulados, una juez de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. La decisión de otorgarle detención domiciliaria ha abierto un intenso debate social sobre los criterios de peligrosidad y la protección a las víctimas de violencia de género e infancia en la región. El proceso judicial avanza en etapa de instrucción para esclarecer de manera definitiva las responsabilidades penales del caso.

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