Se le cerraron todas las puertas ante la justicia ordinaria a una de las figuras políticas más influyentes del departamento. La Corte Suprema de Justicia rechazó de manera categórica el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del exsecretario de Gobierno del Meta y exalcalde de Puerto López, Víctor Manuel Bravo Rodríguez, dejando en firme y ejecutoriada su condena a seis años y seis meses de prisión domiciliaria por fraude procesal.

El alto tribunal determinó que sobre la providencia dictada el pasado 2 de septiembre de 2026 no procede recurso alguno, marcando la tercera y definitiva derrota jurídica del exfuncionario. El expediente judicial reveló el turbio entramado ocurrido tras la disolución de una sociedad conyugal en 2008, donde Bravo recibió $900 millones a nombre de una clienta. Posteriormente, mediante la falsificación de una firma en un contrato de cesión de derechos sobre el predio Yarima 4 en Puerto Gaitán, el abogado buscó hacerse copropietario. Los peritajes comprobaron que en la maniobra engañosa para inducir en error a un juez de Bogotá se habría utilizado incluso la huella dactilar de su propia secretaria.

Aparte de la privación de la libertad, el fallo ratificado impone una multa de 260 salarios mínimos, inhabilitación de funciones públicas por 66 meses y la severa sanción de exclusión del ejercicio de la abogacía. La víctima solo descubrió el despojo en 2012, desencadenando el proceso que hoy concluye de forma irrevocable.

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